En medio del debate en comisiones previo a la aprobación de dictámenes y el posterior tratamiento en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación, el proyecto de Ley Ómnibus ha generado una infinidad de polémicas.

La iniciativa, cuyo nombre oficial es "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", plantea la desregulación de varios rubros de la economía, entre otras cuestiones.

Uno de los que están afectados por el proyecto es el tabacalero, en el que empresas de capitales nacionales denuncian que los artículos que modifican el sector fueron hechos "a medida" de la multinacional Massalin Particulares, que comercializa en Argentina las marcas Marlboro, Philip Morris, y Parliament, entre otros.

La tabacalera Sarandí denunció ante la Justicia que el economista Federico Sturzenegger -ideólogo de la Ley Ómnibus- se habría interesado con el objeto de beneficiar a la firma de capitales extranjeros en detrimento de sus competidoras locales.

Concretamente, el ex presidente del Banco Central en el gobierno de Mauricio Macri -aún sin ningún cargo oficial- habría encomendado la redacción de varios pasajes del proyecto a Javier Ortiz Batalla, ex presidente de la compañía involucrada y actual funcionario del Ministerio de Economía.

Básicamente, habría recibido el encargo de redactar varios artículos relacionados con modificaciones impositivas a implementarse a partir del 1° de enero, respecto de diversos "impuestos internos" que gravan los productos tabacaleros, como incrementos de alícuotas, eliminación de mínimos de impuesto por envase y supresión de la potestad del Poder Ejecutivo de aumentar o disminuir el monto de impuesto, entre otros.

Sturznegger, por su parte, se habría encargado de que las modificaciones y las regulaciones diseñadas por Ortiz Batalla "a medida" de las grandes tabacaleras multinacionales -y que buscan fulminar a las industrias competidoras locales- sean incluidas en la Ley Ómnibus.

Todo esto fue argumentado por la tabacalera Sarandí en una causa judicial contra Massalin por "defraudación contra la administración pública, cohecho activo, enriquecimiento ilícito, estafa, falsedad ideológica, violación de correspondencia, violación sistema. informático, violación de secretos, asociación ilícita, estafa procesal y abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público" iniciada en 2019 y que tramita el juez federal Ariel Lijo.

A partir de las pruebas presentadas por la denunciante, el magistrado consideró que se corroboraron en el caso motivos de urgencia suficientes como para habilitar la feria judicial en curso, y solicitó a la Cámara de Diputados de la Nación la remisión en copia de la totalidad del articulado y de las partes pertinentes del proyecto de "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" que estuviera relacionada con el rubro tabacalero.

Asimismo, solicitó que se le informase qué comisión legislativa quedó a cargo el tratamiento del mencionado capítulo o los artículos a los que se refieren los tópicos señalados y quiénes son los legisladores que integran esa Comisión.

Recientemente, la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados de la Nación cumplió con el pedido y le remitió al juez Lijo una copia de los elementos solicitados.

En este momento, el magistrado se encuentra analizando la viabilidad de otras ocho medidas de prueba requeridas por la tabacalera Sarandí que resultan de utilidad para poner en evidencia este nuevo intento de la empresa multinacional tendiente a eliminar las industrias y comercializadoras nacionales de tabaco garantizándose para sí una posición comercial privilegiada y monopólica.

Cabe destacar que la causa en curso inició con el objeto de investigar el presunto espionaje ilegal y el armado de causas por parte de Massalin Particulares a sus competidores minoritarios.

Entre los puntos por los que se acusa a la empresa multinacional se destaca la influencia ejercida para conseguir una reforma tributaria, la posible evasión impositiva lograda a partir del pago de sobornos a funcionarios de la AFIP y el trato desigual por parte de los funcionarios del organismo estatal a las empresas tabacaleras minoritarias.

"Se trata de un objeto procesal concreto, que procura desentramar una organización delictiva compleja, compuesta por consortes públicos y privados cuyos actos, de acreditarse, revelarán no solo el avasallamiento económico al que se someten las pequeñas y medianas tabacaleras de nuestro país que compiten contra las grandes multinacionales imputadas sino también, una enorme defraudación al erario público", destacaron desde la tabacalera Sarandí.

"Este intento por parte de Massalin Particulares S.A. es uno más de tantos otros, pues resultan de público conocimiento las maniobras que a lo largo de los años han desplegado los lobistas de la tabacalera multinacional en búsqueda de obtener una ley a medida de sus intereses", concluyeron.